Mito: “Se ha iniciado la construcción de un túnel de aproximadamente 15 km para desviar subterráneamente otro río y suministrar agua a la mina”.

Realidad: No es verdad que se haya construido o esté en proceso la construcción de un túnel de 15 km para desviar un río y suministrar agua a la mina. Esta afirmación es completamente falsa y económicamente inviable, ya que la construcción de un túnel de tal magnitud requeriría una inversión de más de $1,000 millones de dólares. Cobre Panamá tiene un balance hídrico positivo, obteniendo de la lluvia toda el agua necesaria para el procesamiento del concentrado de cobre.

El agua de lluvia se almacena principalmente en la Instalación de Manejo de Relaves (IMR), junto con el agua captada en el tajo y en los depósitos. La reserva de agua almacenada actualmente varía entre 6 y 7 millones de m3, más que suficiente para la producción de la mina. Además, se recircula el 78% del agua utilizada, demostrando así el compromiso de la operación con la gestión sostenible del agua y la preservación del medio ambiente.

Es relevante destacar que la mina está ubicada en una región de Panamá con una de las mayores tasas de precipitación, con un promedio anual de 4000 a 5000 mm/m2 de lluvia.

Mito: “El contrato permite a la empresa solicitar que se catalogue como restringida la información recibida por las autoridades con relación a los beneficiarios finales de la empresa. Esta información es fundamental para el cumplimiento de la Constitución y prevención de conflictos de interés (Cláusula Quincuagésima)”.

Realidad: Cláusula QUINCUAGÉSIMA…

• La posible clasificación como de “acceso restringido” se podrá hacer de conformidad con las disposiciones sobre transparencia, acceso a la información y protección de datos que rigen para cualquier persona, ya sea natural o jurídica, en este país.
• Anualmente la empresa presentará a la Dirección Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias, una declaración jurada en la que certificará el nombre de cada persona natural que sea directa o indirectamente beneficiario final de, por lo menos, el diez por ciento (10%) del capital accionario emitido y en circulación.

Mito: “La minería metálica a cielo abierto, el contrato minero consecuencia de la corrupción institucionalizada, ha permitido que empresas extranjeras puedan llegar tan lejos en sus pretensiones sobre nuestros recursos”.

Realidad: Las concesiones mineras están debidamente reguladas por nuestra Constitución Nacional. El principal accionista de Minera Panamá es First Quantum Minerals, empresa que cotiza en la Bolsa de Toronto con altos estándares de gobierno corporativo. Los cuales son revisados regularmente y son fundamentales para el bienestar de la empresa y sus accionistas.

Mito: “¿Cómo es posible que se ganan en un año $2500 millones y nos dan sólo $375 millones?”.

Realidad: Los cálculos que se están utilizando, basados en información pública, NO CORRESPONDEN A LA GANANCIA, SINO AL INGRESO POR VENTA, ADEMAS, corresponden a la suma de más de un período anual. CONSECUENTEMENTE, ESTA CIFRA no tiene DESCONTADO NINGUN costo OPERATIVO NI ADMINISTRATIVO, NI COSTO FINANCIERO, NI COSTO DE INVERSION EN ACTIVOS asociados con el negocio. Los costos operativos típicos incluyen casi $1 mil millones de dólares pagados a proveedores y contratistas registrados en Panamá, más de $100 millones pagados al gobierno en Seguridad Social, más de $200 millones pagados a empleados y cientos de millones en logística y transporte, parte de los cuales se destina al canal. Además, y muy importante, Minera Panamá debe financiar los $10 mil millones realizados en la inversión. Por último, es importante considerar que el valor de $375 millones funciona como un mínimo. El negocio minero es cíclico y está influenciado por factores externos como el precio de los minerales basados en la demanda global, la inflación y una serie de costos de insumos como el diésel y el carbón (como se vio después de la pandemia de COVID-19), así como factores internos como la producción y la eficiencia de los recursos, entre otros.

Es importante destacar que el yacimiento fue descubierto en 1968 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pero no fue hasta 1997 que se otorgó un contrato de concesión, y llevó 22 años llevar a cabo la primera exportación. La explotación del mineral requirió una inversión significativa, y durante este período, la compañía asumió todos los riesgos sin generar ingresos para pagar los costos de financiamiento y operativos. Por otro lado, en virtud del nuevo contrato, el Estado panameño recibirá al menos una cantidad mínima de ingresos sin compartir los riesgos mencionados anteriormente.

Mito: “El contrato exonera a la empresa de impuestos de ITBMS de exportación y de importación”.

Realidad: En realidad, el Código de Recursos Minerales contempla la exoneración de ITBMS en las importaciones para todos los concesionarios mineros metálicos y no metálicos. Sin embargo, el nuevo contrato obliga a la empresa a pagar ITBMS en todas las compras locales, a diferencia del contrato anterior que las exoneraba. Es importante destacar que en Panamá ninguna exportación de ningún bien está exenta de ITBMS.

Mito: “En el contrato anterior de 1997, se trataba de una concesión para la exploración y explotación de cobre, pero ahora el proyecto incluye también oro, plata y molibdeno. Se dice que los demás minerales se están regalando y solo se paga por el cobre”.

Realidad: Según el contrato de 1997, la concesión abarcaba la explotación de yacimientos de oro, cobre y otros minerales. Sin embargo, el nuevo contrato se limita a los yacimientos de cobre y los minerales asociados a dicho yacimiento. En caso de que la empresa encuentre un yacimiento de oro u otro mineral, deberá obtener las respectivas autorizaciones para su explotación y definir con el Estado el régimen fiscal que se aplicará a ese yacimiento en particular. Las regalías establecidas en este nuevo contrato, que son significativamente más altas que las del contrato de 1997, se aplican al margen de ganancia bruta relacionado con todo lo que la empresa está autorizada a extraer y comercializar. Ningún mineral se exonera, como se ha querido difundir de manera engañosa.

Mito: “La empresa podrá continuar haciendo exploraciones y explotaciones aún fuera del área de concesión”.

Realidad: No hay ampliación de la concesión. La empresa solo puede explorar y extraer minerales que se encuentren dentro del área de la concesión, que en este nuevo contrato es de 12,955.1 hectáreas, a diferencia del contrato de 1997 que eran 13,600 hectáreas. La extracción se está realizando en un área mucho menor. La huella del proyecto es de 5,900 hectáreas. La única forma en que se podría expandir esa área es modificando el contrato en el futuro, lo cual requeriría un Estudio de Impacto Ambiental adicional. Este contrato será aprobado por ley y cualquier modificación también requeriría una adenda que sería aprobada por ley.

Mito: “En realidad son 17,000 hectáreas de concesión, no 12,955 hectáreas como se indica en el nuevo contrato”.

Realidad: Con el nuevo contrato, el área de concesión disminuye a 12,955.1 hectáreas. También hay un cambio en el área de servidumbre del Estado. Antes, la empresa tenía permiso para utilizar terrenos del Estado en todo el territorio nacional, pero se ha reducido a 4,000 hectáreas de servidumbre.

Es importante destacar que el uso de servidumbre no debe confundirse con el derecho de la empresa para extraer materiales dentro del área de concesión. Esta reducción se realizó considerando las infraestructuras existentes en el proyecto, como carreteras, puerto, planta eléctrica y facilidades de supervisión.

Mito: “Minera Panamá puede vender una concesión de molibdeno, por ejemplo, si la encuentran”.

Realidad: La empresa no tiene el derecho de vender a terceros. Sin embargo, las subsidiarias y afiliadas de la propia empresa pueden solicitar una nueva concesión de exploración y explotación.

Mito: “El contrato incluye la obligación de aprobar concesiones para la exploración y posteriormente extracción de oro, plata y molibdeno (Cláusula Primera, Cláusula Cuarta B.4.) a afiliadas de Minera Panamá”.

Realidad: El nuevo contrato no obliga al Estado a otorgar nuevas concesiones a la empresa ni a sus afiliadas.

Mito: “El contrato esconde además otro incentivo fiscal, la deducción por agotamiento de la reserva. En el enfoque dado por el contrato, la paulatina pérdida del material del yacimiento es contabilizada como una pérdida económica para la empresa, cuando es una pérdida en el patrimonio del país. A través de este mecanismo se permite a la empresa deducir en su declaración de renta la pérdida de valor del yacimiento a causa de su explotación, y así pagar menos impuesto sobre la renta. El contrato establece que el Estado permitirá a la empresa deducir hasta el 70% de sus ingresos netos por agotamiento de los recursos mineros hasta diciembre de 2031, y hasta el 30% a partir de 2032. Así, el pueblo panameño terminaría subsidiando a la empresa (Cláusula Décima Segunda).

Es inaceptable que sean inaplicables a la empresa los cambios en el régimen fiscal que se adopten a futuro (Cláusula Décima Primera); que se otorgue nuevamente exoneraciones al impuesto de importación (Cláusula Décima Octava); que se le concedan $750 millones de dólares en créditos fiscales, para su uso a razón de $37,500,000 por año (Cláusula Décima Novena); y que se conceda una deducción de hasta el 70% de la renta neta gravable por agotamiento de recursos mineros; y de 30% a partir de 2032 (Cláusula Décima Segunda). Todas estas condiciones significarían que el Ingreso Mínimo Garantizado para Panamá no esté realmente garantizado”.

Realidad: En lugar de eximir a la empresa de aumentos de impuestos, se trata de darle estabilidad a las reglas bajo las cuales se realiza una inversión. La exoneración al impuesto de importación está establecida en el Código de Recursos Minerales para todas las operaciones mineras metálicas y no metálicas. Los $750 millones en créditos fiscales representan una reducción considerable en comparación con los aproximadamente $500 millones a los que tenía derecho la empresa según el contrato anterior. La deducción por agotamiento está establecida en el Código de Recursos Minerales y en el contrato anterior, y era aún más beneficiosa para la empresa. En este nuevo contrato, se han establecido límites más favorables para el Estado.

Mito: “Las obligaciones ambientales aceptadas por la empresa se reducen al cumplimiento del estudio actual de impacto ambiental y de los instrumentos de gestión vigentes, que no son específicos para minería y su operación. Es injustificable que se apruebe un nuevo contrato sin que la mina cuente con un plan de cierre y con la culminación de los procesos sancionatorios por las graves infracciones ambientales de la empresa (Cláusula Vigésima Quinta)”.

Realidad: Las obligaciones ambientales emanan de la ley, del Estudio de Impacto Ambiental y de los permisos aprobados. Dicho Estudio de Impacto Ambiental sí es específico para esta mina y su operación. Ni la concesión ni la empresa están exentas del cumplimiento de la normativa ambiental del país. En el caso del Estudio de Impacto Ambiental, que contiene más de 15,000 páginas (el segundo más grande después de la Ampliación del Canal), se contemplan los parámetros para el plan de cierre (Plan de Recuperación y Abandono), varios de los cuales ya se están ejecutando en las áreas que ya fueron intervenidas. Además, se incluye la obligatoriedad de coordinar un plan de cierre final de acuerdo con las nuevas guías para Planes de Cierre de Mina que emitan el Ministerio de Ambiente y la Dirección Nacional de Recursos Minerales.

Mito: “Se pactó un pago anual de $2 millones de dólares por el uso de 100 millones de metros cúbicos de agua, pero este consumo no coincide con los volúmenes reales reportados en el informe ambiental de la empresa (Environmental Social and Governance Report 2021), donde se ilustra que el consumo de agua dulce fue de 1.380 millones de m3 y 438.06 millones de m3 de agua de mar. Tampoco indica el contrato el método de monitoreo de este consumo (Cláusula Trigésima Quinta)”.

Realidad: El pago se basa en la capacidad de la planta de proceso y no en el consumo de agua.

Mito: “No queda claro que las obligaciones laborales y ambientales del proyecto sean obligaciones esenciales que puedan motivar la resolución del contrato, ya que el término no está definido. La cláusula solo detalla claramente que constituyen incumplimientos lo relativo al impago de regalías, impuestos y fianzas (Cláusula Cuadragésima Octava). El rompimiento de cola de relaves, derrames, contaminación o daño ambiental tampoco fueron incluidos en las causales de resolución del contrato”.

Realidad: En esa cláusula, en su numeral 1d, se establece claramente "cualquier otro incumplimiento por la Parte Incumplidora de una o más obligaciones esenciales a las que se encuentra sujeta conforme a este Contrato." Además, es importante destacar que en la redacción del contrato se establecen ampliamente las obligaciones laborales y ambientales de la empresa concesionaria. Además, se recalca en varias partes del contrato que se debe cumplir con las leyes laborales y ambientales de Panamá, especialmente para los casos no mencionados explícitamente en el contrato.